La infancia, la adolescencia y la tercera edad, son
los grupos más vulnerables en cuanto a la implementación real del derecho a la
salud, la educación y la ocupación para todos. Se encuentran inmersos en
sistemas de salud y educación marcados por el avance de la ciencia y sus
aportes asombrosos. Sin embargo, la extensión de la cobertura, se hace un
objetivo cada vez más utópico, especialmente para aquellos con menores ingresos
económicos y complejidad de sus características individuales.
Es paradójico, que el mundo actual afronta el riesgo
de excluir al sujeto mismo, a quien van dirigidas sus acciones. Un sistema que
en su búsqueda de excelencia, eficacia y eficiencia, a menudo se restringe a
sólo lograr mayores beneficios y menores costos económicos, cuyas ganancias van
al bolsillo y las cuentas bancarias de quienes tienen el poder del dinero.
Si al momento del nacimiento, o por diversas
circunstancias durante su vida (enfermedades, accidentes), resulta que una
persona no posee las condiciones o los prerrequisitos mínimos esperados para su
desenvolvimiento individual y comunitario tradicional, se comienza a mirar a la
misma como “discapacitada”, en el orden físico, sensorial, social y / o
psíquico. El rótulo de “discapacitado” supone disminución, y la palabra en sí
enmarca una connotación negativa de la persona: “alguien que no puede hacer”.
Es necesario fomentar, desde la más temprana
infancia, en todos los individuos, aquellas actitudes relacionadas con el
reconocimiento de las otras capacidades que tienen las personas, en lugar de
detenerse en todo aquello que no pueden hacer.
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